La pionera Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE tiene como objetivo fomentar un espacio digital más seguro estableciendo nuevas responsabilidades para las plataformas en línea, apoyando la expresión en línea y otorgando a los usuarios más control sobre su experiencia digital en la UE. La DSA pone énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de las plataformas y exige a las grandes plataformas que aborden los riesgos derivados de sus servicios, incluidos los riesgos para los derechos fundamentales.
Muchas disposiciones de la DSA, incluidas las relativas a la moderación de contenidos, los alertadores fiables (trusted flaggers), la responsabilidad por el contenido generado por el usuario y el acceso a los datos, tienen ramificaciones más allá de la UE y están influyendo en los debates sobre gobernanza digital y en las legislaciones que se están considerando en otras regiones.
A medida que la DSA pasa de la legislación a la aplicación, la eficacia de la Ley y su impacto en los usuarios dependerán en gran medida de cómo se aplique en la práctica. La DSA Human Rights Alliance, una coalición global de organizaciones de la sociedad civil, investigadores y defensores de los derechos humanos que representan a diversas comunidades en todo el mundo, cree que es imperativo que la UE siga un enfoque de gobernanza de plataformas globalmente consciente y basado en los derechos humanos. Esto incluye integrar una amplia gama de voces y perspectivas para contextualizar la aplicación de la DSA y considerar cuidadosamente su influencia global —el "Efecto Bruselas"— a medida que las disposiciones de la DSA se filtran en la legislación de otras regiones.
Si bien algunas disposiciones de la Ley apoyan la protección de los derechos fundamentales, otras son ambiguas, abriendo la puerta al abuso y a una aplicación politizada que podría amenazar los mismos derechos que la Ley debería proteger. Esto exige un enfoque inclusivo y cauteloso, especialmente en situaciones transfronterizas y al considerar la DSA para los marcos regulatorios locales. También subraya la necesidad de transparencia y una inclusión significativa en los diálogos políticos en curso y en la aplicación de la DSA para garantizar que la protección de los derechos humanos sea central durante toda la implementación.
Con ese fin, la Alianza insta a la adopción de los siguientes principios:
Integrar perspectivas globales en una implementación de la DSA centrada en los derechos humanos.
Empoderar a la sociedad civil y a los usuarios (de la UE y de fuera de la UE) para emprender acciones de cumplimiento de la DSA.
Considerar los efectos extraterritoriales y transfronterizos de la aplicación de la DSA.
Promover la colaboración interregional entre organizaciones de la sociedad civil sobre cuestiones regulatorias globales.
Establecer diálogos institucionalizados entre las partes interesadas de la UE y de fuera de la UE.
Defender el Estado de derecho y los derechos fundamentales en la aplicación de la DSA, libre de influencia política.
Considerar las experiencias globales con los alertadores fiables y evitar el abuso en la aplicación.
Reconocer la relevancia internacional de las disposiciones de acceso a datos y transparencia de la DSA para el monitoreo de los derechos humanos.
La declaración completa de la Alianza y los detalles sobre los principios se encuentran aquí:
Protect digital privacy and free expression. EFF's public interest legal work, activism, and software development preserve fundamental rights.
